Paquet Telecom 2017/lettre NetCommons/spanish

Para las políticas públicas favorables a las redes comunitarias y otros proveedores de acceso ciudadanos

Preámbulo

Nosotros representamos a las redes comunitarias europeas, un movimiento ciudadano de organizaciones que construyen y gestionan la infraestructura de comunicaciones, a veces federados nivel regional o nacional. Estas redes, la mayoría de ellas con acceso a la Internet global, se gestionan como bienes comunes. Más que la búsqueda de beneficios, nuestra prioridad es maximizar la gobernabilidad democrática, la inclusión social, la educación y los derechos humanos con respecto a las tecnologías de la comunicación.

Nuestras organizaciones varían considerablemente en cuanto a tamaño, tipos de infraestructuras de red y culturas políticas. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, estamos unidos por el objetivo común de construir redes que cumplen con las necesidades de comunicación de los seres humanos (en lugar de las de objetos y máquinas), a través de las redes que se construyen y se ejecutan por nuestras comunidades, de nuestras comunidades, enfocados en el empoderamiento local, la asequibilidad y la resiliencia.

Hoy en día, colectivamente, ofrecemos conectividad de alta velocidad no sólo a decenas de miles de ciudadanos y residentes europeos, sino también a organizaciones como pequeñas y medianas empresas, escuelas, centros de salud, proyectos sociales y muchos más. En muchos casos, hemos superado a los operadores principales, ofreciendo una conectividad a Internet más barata y rápida que los operadores tradicionales. Gracias a nuestra infraestructura ya través de nuestras diversas actividades, fomentamos experimentos científicos y de ingeniería, ayudamos a los proveedores locales de alojamiento y servicios a unirse para compartir inversiones y costos, apoyamos la alfabetización digital y la soberanía digital a través de talleres y otras actividades educativas.

Sin embargo, a pesar de nuestros logros, los responsables políticos a nivel nacional y europeo han ignorado hasta ahora nuestra existencia y necesidades regulatorias específicas. Peor aún, la regulación a menudo está obstaculizando nuestras iniciativas, haciendo que el trabajo de nuestros participantes y voluntarios sea más difícil de lo que debería ser. Por eso, al comenzar a trabajar en un código europeo de comunicaciones electrónicas, decidimos ponernos en contacto con ustedes y expresar nuestras ideas y recomendaciones sobre el futuro del marco legal y político que regula nuestras actividades.

Eliminar las restricciones regulatorias y financieras innecesarias

Primero pedimos que revise el marco regulatorio y se descarten las restricciones reguladoras innecesarias, como tarifas o burocracia que son innecesarias o ilegítimas cuando se imponen a pequeñas entidades sin ánimo de lucro. En Bélgica, por ejemplo, la tarifa de inscripción que los operadores de telecomunicaciones deben pagar a la autoridad de regulación nacional es de 676 € para el primer registro, y 557 € cada año siguiente (para aquellos cuyo ingreso es inferior a 1M€, como es el caso de muchas redes comunitarias). Incluso estas pequeñas tarifas pueden obstaculizar el crecimiento de pequeñas redes que sirven eficientemente a decenas de hogares. En Francia, España y Alemania, es gratuita, lo que podría explicar por qué el movimiento de la red comunitaria es mucho más dinámico en estos países. El código propuesto para las comunicaciones electrónicas tiene por objeto armonizar los procedimientos para las tasas de declaración (primer registro), así como los gastos administrativos (tasas anuales). Los legisladores de la UE deben asegurarse que las tasas y cargas impuestas por las autoridades de regulación nacionales sean nulas o insignificantes para los proveedores de Internet sin ánimo de lucro y razonables y proporcionadas para las empresas micro y pequeñas. Asimismo, los impuestos diseñados para las grandes corporaciones en los sectores de telecomunicaciones no deben aplicarse a los más pequeños, sin ánimo de lucro.

Eliminar la responsabilidad de terceros al compartir el acceso a Internet

Varias leyes buscan evitar la compartición de conexiones de Internet entre varios usuarios al hacer a las personas responsables (y con potencial implicación legal) de toda comunicación realizada a través de su conexión Wi-Fi, y crear riesgos legales para las personas que comparten su conexión. En Alemania, los titulares de derechos han utilizado una doctrina de "responsabilidad secundaria" para enfriar el crecimiento del movimiento de las redes comunitarias. En Francia también, la ley de derechos de autor impone un régimen de responsabilidad secundaria que crea una inseguridad jurídica importante para las personas que comparten sus conexiones de red con otros usuarios. El llamado "mero conducto", inscrito en la legislación de la UE desde 2000 en la directiva sobre la sociedad de la información, debe garantizarse y ampliarse a los puntos de acceso inalámbricos de pequeña cobertura. Con el mismo espíritu, las cláusulas contractuales que prohíben que los suscriptores compartan sus conexiones con otros deben ser prohibidas. Promover un derecho a compartir las conexiones a Internet es aún más vital considerando las crisis económicas y ecológicas, así como el rápido aumento de las población que no pueden permitirse el acceso a Internet. En este contexto, la compartición de conexiones puede desempeñar un papel fundamental en el fomento de un uso más equitativo y sostenible de las infraestructuras de telecomunicaciones.

Ampliación del espectro en común

No se trata sólo de puntos de acceso inalámbrico a Internet que pueden ser compartidos, sino también de la infraestructura intangible por la que viajan las señales de radio. El Wi-Fi, como porción no licenciada del espectro y, por lo tanto, un espacio común, es un activo clave para las redes comunitarias que desean establecer una infraestructura de acceso asequible y flexible. Sin embargo, estas bandas de frecuencia Wi-Fi son actualmente muy limitadas. No sólo están experimentando cada vez más congestión en las zonas densamente pobladas, sino que también están expuestas a nuevos estándares técnicos que utilizan la llamada banda de frecuencia ISM (como LTE-U) que dificultan la fiabilidad de las comunicaciones Wi-Fi. Por último, pero no menos importante, las bandas de frecuencia existentes para Wi-Fi (5,6 Ghz y 2,4 Ghz) tienen restricciones físicas que impiden su uso para enlaces de radio más largos. Ante tales desafíos, es necesario un nuevo enfoque de la política de espectro radioeléctrico. Los responsables de la formulación de políticas deberían ampliar las bandas de Wi-Fi sin licencia. También deberían ponerse a disposición otros tipos de frecuencias en un escenario sin necesidad de licencia (escenario preferido) o, de no ser posible, basado en esquemas de autorización asequibles y flexibles. Tales bandas de frecuencias, por ejemplo, incluyen los llamados espacios en blanco en frecuencias más bajas (que permiten enlaces de larga distancia baratos y estables), así como las bandas de 12Ghz y 60Ghz (para las que los equipos de radio son asequible y que puede ayudarnos a construir enlaces de radio punto a punto de alta velocidad). Una vez que sean accesibles a las redes comunitarias, pueden ayudar a desplegar y expandir infraestructuras inalámbricas baratas y estables.

Actualización de las normas de acceso abierto en las infraestructuras de telecomunicaciones

Las redes construidas con dinero público también deben ser tratadas como un bien común y, como tal, permanecer libre de apropiación corporativa. Hoy en día, su gestión y explotación es a menudo delegada por las autoridades públicas a los operadores de redes corporativas. Estas entidades usualmente adoptan planes de precios agresivos diseñados para los operadores incumbentes que hacen que sea extremadamente costoso para los proveedores de acceso pequeños conectarse con estas redes. Debería garantizarse el acceso a estas redes con financiación pública para entidades sin ánimo de lucro, como las redes comunitarias, así como las pequeñas empresas, a un costo razonable y proporcional. Del mismo modo, las redes comunitarias a menudo no pueden tener acceso a las infraestructuras locales privadas del operador incumbente, a pesar de que éstas son la única forma de conectar a los suscriptores dispuestos. De hecho, en muchos mercados europeos, el despliegue de redes de fibra óptica está (re)creando condiciones de monopolio en bucles locales a través de esquemas de precios que impiden que los pequeños actores accedan a estas redes privadas. Los responsables políticos y los reguladores deben asegurarse de que cada área esté cubierta por al menos un operador de telecomunicaciones con una oferta llamada "bitstream" asequible para los participantes más pequeños.

Protección del software libre y la libertad del usuario en equipos de radio

En 2014, la Unión Europea adoptó la Directiva 2014/53 sobre equipos de radio. Si bien la Directiva persigue unos objetivos políticos claros, podría perjudicar el desarrollo de las redes comunitarias. De hecho, las redes comunitarias generalmente necesitan reemplazar el software incluido por el fabricante del hardware de radio con software libre y de código abierto especialmente diseñado para satisfacer sus necesidades, un proceso colectivo que mejora la seguridad y estimula la reutilización de dispositivos, entre otros beneficios. El artículo 3.3(i) de dicha Directiva crea presión legal para que los fabricantes de aparatos de radio garanticen el cumplimiento del software cargado en estos dispositivos con el marco regulador europeo. Como resultado, existe un fuerte incentivo para que los fabricantes bloqueen sus dispositivos e impidan modificaciones de terceros del hardware. Por lo tanto, solicitamos a los responsables de la formulación de políticas que establezcan una excepción general para todo software libre instalado en dispositivos radioeléctricos por parte de los usuarios finales y los operadores (estos últimos son responsables si su software provoca violaciones del marco regulador).

Supresión de las obligaciones generales de retención de datos

Las redes comunitarias se esfuerzan por salvaguardar los derechos humanos en las redes de comunicación, y en particular el derecho a la privacidad y la confidencialidad de la comunicación. Aunque acogemos con beneplácito las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las que se sostiene que la retención indiscriminada de metadatos viola la Carta de los Derechos Fundamentales, nos preocupa la disposición de varios Estados miembros a eludir estas decisiones para proteger las capacidades de vigilancia indiscriminada. A medida que los legisladores de la UE comienzan a debatir la revisión de la Directiva sobre privacidad electrónica, les pedimos que se opongan a cualquier obligación de retención de datos generales y que cierren las lagunas existentes en la legislación de la UE para garantizar que sólo se impongan obligaciones de retención específicas y limitadas a los proveedores de alojamiento y acceso.

Obtener apoyo público directo y dirigido

Otras innumerables iniciativas políticas pueden ayudar a apoyar las redes comunitarias y los significativos beneficios asociados que traen. Dichas políticas incluyen pequeñas subvenciones, co-financiación y subsidios para ayudar a nuestros grupos a comprar servidores y equipos de radio, diseminar sus iniciativas, darles acceso a infraestructuras públicas (por ejemplo, el techo de un edificio público para instalar una antena), pero también apoyar sus investigaciones sobre transmisión de radio, métodos de enrutamiento, software o cifrado. Como muchas autoridades locales han descubierto, el apoyo a las redes comunitarias es una opción política sólida. A medida que los legisladores de la UE avanzan en la iniciativa WiFi4EU, queremos recordarles que hemos sido pioneros en varios modelos para la provisión de puntos de acceso públicos gratuitos. Creemos que el dinero público invertido en esta iniciativa debe ir principalmente a grupos que buscan una lógica de abajo hacia arriba, dando soporte a grupos locales que pueden fomentar el empoderamiento y la cohesión de las comunidades locales, fomentar la competencia y cumplir los mismos objetivos políticos a una fracción del coste que cobrarían los operadores de telecomunicaciones principales.

Apertura del proceso de formulación de políticas a las redes comunitarias

Aunque a menudo hemos colaborado con los municipios y las autoridades públicas locales, pedimos que los reguladores nacionales y europeos presten más atención a nuestras actividades al redactar reglamentaciones. Las redes comunitarias tienen tanto la experiencia como la legitimidad para tomar parte integral en los debates técnicos y jurídicos sobre la política de banda ancha en los que los proveedores tradicionales y comerciales están sobrerrepresentados. Las redes comunitarias pueden aportar una visión informada de estos debates, permitiendo un proceso de formulación de políticas más acorde con el interés público.

Les damos las gracias por su atención y esperamos con mucho interés poder colaborar con ustedes en estas cuestiones importantes,